La esperanza educativa no se decreta, se construye
Reconocer que la educación atraviesa un momento crítico no es un gesto alarmista; es un acto de responsabilidad. La propuesta de declarar una emergencia educativa pone sobre la mesa una preocupación real y compartida, y abre una oportunidad valiosa: la de mirar el sistema con honestidad, priorizar lo esencial y actuar con decisión. Ese reconocimiento, bien entendido, no es un punto de quiebre, sino un punto de partida.
Que la educación vuelva a ocupar el centro del debate nacional es una señal importante. Sin embargo, el verdadero cambio no proviene únicamente de una declaratoria, sino de la capacidad de ordenar prioridades y articular esfuerzos reales entre quienes ya están haciendo que las cosas sucedan. Los sistemas educativos que han logrado avanzar lo entendieron así: antes de sumar exigencias o capas de burocracia, clarificaron su propósito y reforzaron los aprendizajes fundamentales.
Un referente claro de este enfoque es Noruega. Su currículo nacional se reorganizó a partir de un núcleo común obligatorio de valores: dignidad humana, democracia, pensamiento crítico, diversidad y responsabilidad social y ambiental que orienta toda la práctica educativa. A partir de ahí, el sistema prioriza habilidades esenciales como la lectura, la escritura, la comunicación oral, el razonamiento matemático y el uso responsable de lo digital, entendidas como la base para aprender cualquier contenido y participar plenamente en la vida social. El énfasis no estuvo en sumar materias ni controles, sino en ordenar el currículo, devolverle coherencia y centrar la educación en lo esencial, con una evaluación al servicio del aprendizaje y no de la burocracia.
Costa Rica tampoco parte de cero. Existen comunidades educativas, tanto públicas como privadas, que han sostenido procesos pedagógicos serios, han apostado por la lectoescritura, la evaluación con sentido y la vinculación del aprendizaje con la vida real de sus estudiantes. Estas experiencias confirman que la mejora educativa es posible cuando hay coherencia entre propósito, práctica y responsabilidad.
En ese marco, resulta clave comprender el rol complementario del sector educativo privado dentro del sistema nacional. Una normativa clara, coherente y respetuosa de la autonomía pedagógica no solo fortalece la calidad y la rendición de cuentas, sino que ordena el ecosistema educativo y permite al Ministerio de Educación Pública concentrar sus recursos y capacidades donde más se necesitan, especialmente en los centros y territorios con mayores rezagos. Cuando el marco regulatorio acompaña y no entorpece, el sistema en su conjunto gana capacidad de respuesta y se reducen presiones reales sobre la educación pública.
Mirar la educación como una tarea compartida implica, entonces, reconocer que resguardar la autonomía y la libertad de enseñanza mediante una normativa moderna y coherente no debilita al sistema educativo nacional, sino que lo fortalece. Al permitir que cada actor aporte desde sus capacidades, se amplían las respuestas, se optimiza el uso de los recursos públicos y se crean mejores condiciones para enfrentar, con responsabilidad y visión de futuro, el momento educativo que vive el país.