El sentir de una comunidad educativa que pide ser escuchada
La reciente publicación de El Observador (https://observador.cr/nuevo-reglamento-centros-educativos-privados-mep/) sobre el nuevo reglamento para los centros educativos privados nos toma por sorpresa.
No porque consideremos que una normativa con más de treinta años no deba actualizarse. Todo lo contrario. Una revisión puede ser una extraordinaria oportunidad para modernizar, simplificar y fortalecer la relación entre el Estado y la educación privada. Nuestra inquietud es otra: que un reglamento llamado a definir el funcionamiento del sector durante muchos años pueda avanzar hacia su aprobación sin una participación efectiva de quienes deberán aplicarlo todos los días.
El sector de educación privada ha intentado participar. Se han enviado propuestas formales, solicitado audiencias y, ante la imposibilidad evidente de escuchar individualmente a cientos de instituciones, distintos centros se han organizado, estudiado la propuesta, identificado preocupaciones comunes y presentado propuestas concretas.
Por eso sorprende sentir que todavía no hemos logrado ser verdaderamente escuchados.
Y esto importa porque detrás de la educación privada hay mucho más que instituciones. Hay docentes, directores, colaboradores y familias que durante décadas han construido proyectos educativos diversos y han generado resultados, innovación y confianza. Nuestra preocupación no es la regulación. Es transformar mediante regulación excesiva un sector que funciona bien en uno cada vez más burocrático.
Cada nuevo proceso, informe, control o estructura administrativa tiene un costo. Lo tiene para las escuelas, porque desvía tiempo y recursos que deberían estar destinados a educar. Pero también lo tiene para el propio Estado, que termina utilizando funcionarios y recursos públicos para supervisar procesos adicionales en un sector que históricamente ha demostrado capacidad para funcionar con autonomía y responsabilidad.
Costa Rica enfrenta enormes desafíos educativos. Quizás precisamente por eso debemos ser especialmente cuidadosos con dónde colocamos nuestros recursos y nuestra energía.
La educación privada puede ser un gran aliado del Estado: miles de familias encuentran en ella proyectos educativos que libremente escogen para sus hijos, mientras el país puede concentrar mayores esfuerzos públicos allí donde las necesidades son más profundas.
Autonomía no significa ausencia de reglas. Significa reglas claras, sencillas y proporcionales, y luego confianza para que cada comunidad educativa pueda desarrollar su proyecto.
Por eso nuestro llamado al MEP es sencillo y respetuoso:
Escúchenos antes de aprobar.
Todavía estamos a tiempo de sentarnos juntos, aprovechar la experiencia acumulada de ambas partes y construir un reglamento moderno que proteja a los estudiantes sin burocratizar innecesariamente a quienes los educan. No desperdiciemos una oportunidad histórica intentando uniformar lo que precisamente encuentra su fortaleza en la diversidad.
El Estado tiene una enorme responsabilidad. La educación privada también. Permitamos que cada uno aporte desde sus fortalezas y pongamos nuestros recursos donde realmente importan: en nuestra niñez y juventud.