Autonomía educativa: no esperar, actuar
El 25 de febrero se publicó en La Gaceta el nuevo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC). Más allá de su contenido técnico, esta reforma vuelve a plantear una pregunta de fondo para quienes participamos en la educación privada: ¿por qué normas que impactan directamente nuestra dinámica académica se siguen diseñando sin una participación clara, estructurada y diferenciada del sector privado?
La educación privada no es una extensión del sistema público. Nuestra naturaleza está reconocida en la Constitución y respaldada por la jurisprudencia constitucional. Nuestra razón de ser es precisamente la diversidad pedagógica, el ideario institucional y la libertad de enseñanza.
Cuando las regulaciones se diseñan con lógica uniforme para todo el sistema, se corre un riesgo evidente: terminar aplicando a proyectos educativos autónomos reglas pensadas para un sistema centralizado. No se trata de evadir estándares nacionales ni de colocarse fuera del marco educativo del país. Se trata de reconocer que la evaluación, académica y conductual, forma parte del corazón del proyecto educativo de cada institución.
Uniformarla sin matices puede terminar restringiendo, aunque sea indirectamente, la libertad de enseñanza.
Sin embargo, también debemos hacer una reflexión interna. No todo puede atribuirse a las autoridades. Durante muchos años el sector privado ha sido pasivo en estos procesos. Hemos delegado representación, reaccionado tarde o simplemente guardado silencio mientras se toman decisiones que nos afectan directamente.
La autonomía no se sostiene sola. Se ejerce. Se defiende. Se construye.
Hoy vemos señales positivas: más centros informándose, estudiando la normativa, analizando sus implicaciones jurídicas y buscando mayor articulación entre instituciones. Pero esto debe convertirse en una práctica permanente y no en una reacción ocasional.
La experiencia reciente con el reglamento de Evaluación nos deja una lección clara: las reformas pueden aprobarse sin que el sector privado haya sido escuchado de forma suficiente. Y sabemos que el nuevo reglamento específico para centros educativos privados podría seguir el mismo camino.
Por eso la pregunta no es solo qué haremos cuando se publique una norma.
La pregunta es qué tan preparados estamos para participar antes de que se tome la decisión.
No se trata de confrontar ni de oponerse por principio. Se trata de participar con criterio, con fundamento jurídico y con claridad sobre lo que la Constitución reconoce: la autonomía y la libertad de enseñanza.
Si eventualmente alguna disposición normativa llegara a vulnerar esos principios, el ordenamiento jurídico ofrece los mecanismos para defenderlos: observaciones formales, recursos administrativos y, si fuese necesario, acciones ante la jurisdicción constitucional. Defender la autonomía no es un gesto político; es el ejercicio legítimo de un derecho.
Pero la mejor defensa siempre es la participación temprana.
Por eso vale la pena actuar desde ahora. Informarnos, estudiar los textos, conversar entre instituciones y, sobre todo, solicitar formalmente información sobre las mesas de trabajo ofrecidas por el ministro de Educación y por doña Yoselin Sánchez, directora de la DEP.
La autonomía educativa no se protege esperando a que las decisiones estén tomadas.
Se protege participando.