Defender la autonomía de la educación privada para fortalecer la educación del país

Introducción: una alerta nacional

El Estado de la Educación 2025 fue claro: Costa Rica atraviesa la peor crisis educativa en cuatro décadas. La inversión pública cayó al 5% del PIB, los programas de equidad fueron debilitados, y los resultados académicos se han deteriorado, con PISA 2022 marcando un retroceso histórico.

En este panorama difícil, la educación privada ha logrado sostener niveles de calidad y continuidad, gracias a la autonomía de sus proyectos, a la estabilidad administrativa y al compromiso con la innovación pedagógica. Esta diferencia debería ser motivo de análisis y aprendizaje, no de control excesivo.

El riesgo de más burocracia

En los últimos años, el MEP ha impulsado regulaciones y trámites administrativos que, en muchos casos, no contribuyen directamente a mejorar la calidad educativa. El riesgo es claro: que la educación privada termine atrapada en el mismo laberinto burocrático que ha limitado a la pública.

La experiencia muestra lo que ocurre cuando la administración domina al educador: menos tiempo para enseñar, más papeleo y pérdida de enfoque en lo más importante, el aprendizaje de los estudiantes. Esa lección debería servir como advertencia para no repetirla en el ámbito privado.

Asociaciones privadas: la necesidad de mayor firmeza

Las asociaciones que representan al sector privado cumplen un papel esencial como defensores de la autonomía educativa. Sin embargo, muchas veces se han visto absorbidas por trámites internos y han perdido capacidad de incidencia frente al MEP. Esto genera una sensación de pasividad en un momento en que se requiere liderazgo firme.

Más que aceptar nuevas cargas burocráticas, estas asociaciones deberían enfocarse en exigir un marco regulatorio que proteja la libertad pedagógica y administrativa, siempre bajo estándares de calidad.

Hacia un equilibrio: cooperación sin pérdida de autonomía

La Constitución Política de Costa Rica reconoce la libertad de enseñanza. Eso implica que la educación privada debe mantener su autonomía, al mismo tiempo que coopera con el Estado en la construcción de un mejor sistema educativo para todos.

No se trata de “bajar” a la educación privada al nivel de la pública, ni de mantener dos mundos desconectados. Se trata de aprender de lo que funciona en cada espacio y replicarlo. La educación pública necesita urgentemente ser fortalecida, y parte de ese camino pasa por valorar y aprovechar la experiencia de quienes han sabido innovar y sostener la calidad.

Cierre: un compromiso compartido

La educación es, al final, un proyecto nacional. Si queremos una Costa Rica más justa y próspera, necesitamos que cada estudiante —sin importar dónde estudie— tenga acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad. Para lograrlo, el Estado debe reconstruir la confianza en la educación pública y respetar la autonomía de la privada.

El llamado es claro: que el MEP oriente sus esfuerzos a recuperar su propio sistema, y que las asociaciones privadas defiendan activamente la libertad y la excelencia educativa. Solo así lograremos que la educación, pública y privada, vuelva a ser la gran herramienta de movilidad social y desarrollo que este país necesita.

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